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COMISEDH expresa su preocupación por modificación de norma que debilita regulación del uso de la fuerza pública


Se insta al MININTER a fortalecer mecanismos de defensa legal de policías cuando hacen uso reglamentario de la fuerza

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el pasado 24 de julio, en primera votación, el proyecto de ley de Protección Policial. La propuesta de ley aprobada busca evitar la prisión preventiva de policías que, haciendo uso de sus armas o medios de defensa de forma reglamentaria hayan causado lesión o muerte, estableciendo que en dicho caso sólo puede dictarse mandato de comparecencia restrictiva.

Ante esta situación, COMISEDH manifiesta su preocupación por que la promulgación de esta norma podría significar la impunidad de casos donde se ha hecho uso de la fuerza de manera desproporcionada, eliminando la necesidad de una respuesta acorde a las circunstancias particulares del caso.

El mencionado proyecto de ley señala que el uso de la fuerza policial deberá evaluarse de acuerdo al criterio de razonabilidad de medios, desconociendo que dicho criterio sólo es aplicable a la legítima defensa y no al uso de la fuerza de la PNP. Tras dicho error, el proyecto aprobado confunde el “criterio de proporcionalidad de medios” que fuera excluido de la valoración de la eximente de responsabilidad penal de legítima defensa en el año 2003, con el “principio de proporcionalidad” que señala el D.L. Nº 1186, que regula el uso de la fuerza de la PNP, derogando el literal c) del artículo 4.1 de dicho Decreto Legislativo.

De acuerdo a la normativa penal y procesal penal vigente, cuando un efectivo policial que hace uso de su arma de fuego de forma reglamentaria no procede ningún tipo de medida coercitiva ni responsabilidad penal. Estas medidas únicamente deben ser dictadas cuando existen elementos de convicción fundados y graves, que el uso del arma de fuego fue ilegal y constituyó una violación de derechos humanos.

Dania Coz, Coordinadora del Área Legal de COMISEDH manifestó: “Éste extremo del proyecto de ley aprobado es inconstitucional. El Tribunal Constitucional ya ha señalado que el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú debe ejercerse conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo a los estándares internacionales en la materia”.

Cuando se hace uso del arma de fuego siempre debe haber una investigación, la que en principio debe ser de carácter administrativo y estar sujeta a revisión judicial, de acuerdo a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego de Naciones Unidas.

En los casos que existan indicios de uso ilegal del arma de fuego o cuando los familiares del abatido presenten una denuncia, se debe realizar una investigación penal. “No está mal que se investigue. Debe hacerse para asegurar que el uso del arma de fuego se hizo conforme a ley. Lo que debe mejorarse es la asistencia legal a los efectivos policiales que hacen bien su trabajo para defenderse en la investigación penal y de las solicitudes de prisión preventiva”, añadió Coz.

En ese sentido, COMISEDH resalta la propuesta de crear la figura del Procurador Público Especializado en la defensa legal de la Policía Nacional del Perú, para que ejerza la defensa legal de los efectivos policiales que haciendo uso de su arma de fuego de forma reglamentaria en la lucha contra la inseguridad ciudadana se ven inmersos en investigaciones penales; derecho de los policías que se encuentra reconocido en el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1186 y en la Ley de la Policía Nacional del Perú (DL 1267). Sin embargo, precisa que no es necesario introducir para ello, un cambio normativo, ya que esta acción es una medida que puede impulsar el Ministerio del Interior a través del fortalecimiento de la Oficina de Defensa Legal del Policía, servicio que el MININTER está obligado a brindar de manera gratuita según el artículo 39º de la Ley de la Policía Nacional del Perú.

Cabe precisar que este proyecto fue exonerado de Dictamen de la Comisión de Justicia y de segunda votación en el Congreso de la República, pese a las opiniones en contra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial que resaltaron que dicha modificación era innecesaria.

Por ello, instamos al Presidente de la República a no promulgar y observar el proyecto de ley aprobado por el Legislativo; y al Ministerio del Interior a fortalecer los mecanismos de defensa legal a la que tiene derecho todo efectivo policial en el ejercicio de sus funciones y el uso reglamentario de su arma de fuego.

 Lima, 2 de agosto de 2019



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