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COMISEDH exige investigación de presunta tortura que involucra a serenazgo del distrito de Los Olivos


La brutal golpiza sufrida por un ciudadano venezolano, por parte de personal de serenazgo en el distrito de Los Olivos puede configurar un acto de tortura, afirmó Dania Coz, coordinadora del área legal de la Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH, tras exigir una inmediata investigación del caso.  

"Si como afirma el Gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, Daniel Urresti, las personas detenidas no son ambulantes, sino vendedores de droga y asaltantes, la intervención debió ser planeada de forma conjunta con la Policía Nacional del Perú, cuyo personal está entrenado en el uso de la fuerza y el respeto de los derechos humanos" dijo.  

De acuerdo al derecho internacional, el uso de la fuerza desproporcionado e innecesario es trato cruel e inhumano, y cuando es cometido como forma de castigo o discriminación, como en el presente caso, puede llegar a configurar un acto de tortura. 

Dania Coz recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la paliza intencional y violenta de una persona antes de la detención, es tortura, y precisó que cualquier funcionario público puede cometer actos de tortura, no sólo los policías. En ese sentido, explicó que el personal de serenazgo, dada las funciones de apoyo que brinda a la PNP en materia de seguridad ciudadana, puede estar inmerso en este tipo de situaciones si no está adecuadamente capacitado.  

En ese sentido, COMISEDH advierte que existe una sobreexposición del personal de serenazgo al desarrollo de acciones fuera de su alcance funcional, además de la falta de entrenamiento y capacitación del personal a cargo de la seguridad ciudadana. 

Cabe precisar que Perú es parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas desde 1988, lo que lo obliga como Estado a cumplir con las disposiciones de dicho tratado en materia de prevención, sanción y reparación a víctimas de tortura, así como también con las recomendaciones del Comité. 

“El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha recordado a los Estados miembros sobre la necesidad de tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir que los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se produzcan dentro de su jurisdicción, incluida la planificación adecuada de operativos para reducir el riesgo que se produzcan este tipo de casos”, recordó la abogada de COMISEDH. 

En el contexto actual, además de regular el uso de la fuerza al margen de una detención, esta instancia internacional demanda asegurar la capacitación de los agentes del Estado, equiparlos e instruirlos en el uso de la fuerza a fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en las operaciones de aplicación de la ley. 

 

Lima, 15 de julio de 2019




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